MIRADA ÍNTIMA
Muchas voces dentro y fuera de la población han intentado denunciar los “abusos” de la policía, las sombras de la intervención, los silenciamientos, las coacciones, las violencias, etc. Muchos y muchas nos hemos preguntado con sospecha ¿por qué todos los programas sociales que operan en la legua y que supuestamente apuntan a restituir derechos fundamentales como vivienda o trabajo, inter- venciones urbanísticas, culturales, vienen diseñados y mandatados desde el ministerio del Interior a través de la subsecretaría de prevención del delito? ¿qué tienen que ver el derecho a la vivienda o al trabajo con el ministerio del interior?, y, al mismo tiempo, ¿por qué la policía dice tener atribuciones especiales para actuar en la legua y se permite detenernos en cualquier esquina y allanar nuestras casas y nuestros cuerpos? ¿por qué se mantienen bajo control todas las entradas y salidas de legua Emergencia, acaso no se vulnera a través de esta práctica el Estado de derecho estableciéndose un Estado de excepción?. En definitiva, ¿qué hace el Estado con este plan de intervención?
Cuando un lugar es intervenido, cuando sus relaciones son tensionadas, cuando el territorio se encuen- tra sitiado, cuando se modifica su paisaje y sus calles, cuando tenemos que cambiar nuestras rutas, nuestros desplazamientos cotidianos para no ser consultados ni detenidos, cuando nuestro histórico caminar por la calle se hace incómodo, cuando nuestra plaza se nos hace fea, cuando la vida se vuelve patrimonio y se encierra en un museo para ser vista y habitada por turistas, cuando la casa y el trabajo ya no son derechos y son presentados como beneficios y nos sentimos en deuda, cuando nos habita el miedo y los abusos se silencian. Cuando no es solo el territorio el que ha sido interveni- do, sino que también y con él se interviene la vida de quienes lo habitamos, entonces no es un listado de derechos, de principios abstractos lo que está en juego, lo que está en juego entonces es nuestra forma de vida, nuestra manera de ser y hacer, en otras palabras, el único derecho que está en disputa en este proceso de intervención para nosotros es el irrenunciable derecho a ser lo que somos.
Jorge Correa Sutil subsecretario del interior dijo cuando comenzaron con la intervención el año 2001, “Vamos a demostrarle a los legüinos que el Estado ha vuelto”. Es cierto ha vuelto y hemos pagado con creces su retorno. Estos quince años de intervención han dejado claro que esta forma de vida construida desde la precariedad, desde la marginalidad, desde la solidaridad, desde el ser pueblo, éste colgarse de la luz, éste caminar por la calle, éste vivir al margen orillando lo legal, éste poner la silla en la vereda para tomar el sol, éste modo de habitar la vida y las calles de la legua se ha vuelto inacept- able para quienes pretenden hacer del ejercicio de gobernar un proceso que homogeniza la vida, y anulando y niega negando cualquier forma que huela a diferencia o, peor aún, volviendo fútil o irrelevante cualquier diferencia.
la intervención en la legua, diseñada y ejecutada por el gobierno Central, la Municipalidad y el Consejo de Organizaciones de la legua, no sólo busca gobernar el territorio, sino que la vida de sus habitantes. Busca modificar nuestras formas, nuestras prácticas, nuestros lenguajes y conducirnos a un aparente estado de normalidad del que supuestamente carecemos.
Un proceso que, en definitiva y a la base, considera inaceptables e indeseables nuestras formas de vida. un proceso que desprecia nuestra manera de ser y que dispone de toda la fuerza del Estado para cambiarla. la violencia institucional desplegada en este proceso de intervención estatal, constituye en sí una práctica de violencia sistemática ejercida desde una posición de poder y en este sentido es una violación cotidiana a nuestros derechos fundamentales, un atentado contra nuestro modo de ser, contra la diversidad, contra el derecho a la identidad cultural de todo pueblo,contra la vida misma.
para llevar a cabo este proceso de intervención el Estado ha requerido presentar a la legua como un territorio crítico, sumergido en una infinitud de formas de violencias que hacen ver a la población como un todo inhabitable. Así, del mismo modo que se señala de “terrorista” a quien se pretende perseguir y eliminar, se habla de un territorio crítico cuando se le quiere transformar. Mostrar a un sector como un lugar peligroso, violento, crítico, es presentarlo como un lugar que, en nombre de la paz, del derecho o de los buenos ciudadanos, hay que intervenir, entregando carta blanca a los gobiernos de turno para operar y desplegar toda la fuerza que consideren necesaria para “enfrentar dicha situación crítica” transformando así el territorio y la vida de quienes lo habitamos.
Así, en nombre de la lucha contra el narcotráfico, el Estado de Chile y sus agentes interventores, civiles o militares, han terminado imponiendo una forma de violencia superior que poco tiene que ver con aquellas que son propias del territorio e hijas de nuestra historicidad, una Violencia Insti- tucional Dirigida, específica y directa, generada por la acción planificada del Estado y puesta en práctica en este proceso de intervención (militarización del territorio, estado de sitio, tortura policial, instrumentalización de los programas sociales como formas de control de la población) poniendo en riesgo la vida de y en la legua.
En este sentido, no se trata de mejorar la forma de intervenir – como sostienen algunas organizaciones – mucho menos de mantener este proceso. Cuando lo que está en juego es nuestra forma de vida, entonces lo único que nos queda es el urgente llamado a exigir el término del proceso de intervención del Estado. un llamado urgente a cuidar-nos y defender-nos. A Volver a reunirnos, conversar y compartir para que la vida en la legua, con su belleza y su miseria, vuelva a ser determinada, mantenida o transformada por sus habitantes.
